La ley, formulada por la UE, se denomina Reglamento sobre Abuso Sexual Infantil (CSAR), con una polémica medida que permite a las empresas comprobar los mensajes privados. Para proceder a la lectura de mensajes, se utilizará una nueva tecnología que permite leer mensajes en apps de cifrado fuerte de extremo a extremo como WhatsApp.

Los planes iniciales querían que el escaneo fuera obligatorio; sin embargo, cuando el borrador de la ley lo hizo voluntario, los 27 países de la UE acordaron aprobar la ley el 26 de noviembre.

¿Hay motivos para celebrarlo?

Científicos y expertos en privacidad afirman que el hecho de que el escaneado sea voluntario no solucionará el problema. Sigue existiendo la posibilidad de que las empresas se sientan presionadas a revisar los chats, para evitar multas, por ejemplo.

Las medidas

La nueva ley establece que una nueva agencia de la UE, aún desconocida, revisará si las empresas siguen los procedimientos adecuados.

Se pedirá a los servicios de mensajería y en la nube que informen a la UE de que sus plataformas pueden ser utilizadas indebidamente.

El ministro danés de Justicia, Peter Hummelgaard ,valoró positivamente el acuerdo, destacando que obliga a las empresas a ayudar a detener la difusión de material de abuso infantil.

¿Qué pasará después?

Los gobiernos de la UE tendrán ahora la oportunidad de negociar el texto final y decidir si las nuevas normas deben ser más estrictas, más débiles o permanecer como hasta ahora.

Gigantes tecnológicos como Google, Signal y Meta temen que la medida pueda afectar a la encriptación de extremo a extremo, lo que podría potenciar una vigilancia más amplia.

La opinión de los países

No todos los países comparten la misma opinión respecto a este Chat Control; sin embargo, Portugal está en la lista de países que piensan que el control debe ser implementado. La opinión de Portugal cuenta con el apoyo de otros países como España, Rumanía, Malta, Lituania, Hungría, Irlanda, Francia, Dinamarca, Croacia, Chipre y Bulgaria.

En contra de la medida están Eslovenia, Países Bajos, Polonia, Luxemburgo, Alemania, Estonia, Finlandia, República Checa y Austria. Sin embargo, hay seis países que aún no han decidido si aprobarán o no la ley, siendo ellos: Bélgica, Grecia, Italia, Letonia, Eslovaquia y Suecia.