«La tributación de los beneficios extraordinarios es competencia de los Estados miembros, que pueden actuar con arreglo a la legislación nacional. Naturalmente, estas medidas deben ajustarse al Derecho europeo», ha declarado hoy una fuente oficial de la Comisión Europea en una respuesta por escrito enviada a la agencia Lusa.

La misma fuente recordó que «los Estados miembros pueden ahora recurrir a sus competencias fiscales nacionales para responder a cuestiones relacionadas con la equidad social y, si así lo deciden, adoptar medidas como la tributación de los beneficios extraordinarios», tal y como señaló la institución en una comunicación publicada el pasado mes de abril.

«La Comisión respetará las decisiones de los Estados miembros y les prestará asistencia y compartirá buenas prácticas en relación con las medidas nacionales, además de evaluar su impacto en el mercado único», ha declarado la portavoz.

Nueva solicitud de los Estados miembros

La postura de Bruselas se produce tras una nueva solicitud de Portugal y otros cinco países —Austria, Alemania, Italia, Polonia y España— para que la UE impulse un mecanismo común de tributación de los beneficios extraordinarios de las empresas petroleras.

En una carta enviada a la Presidencia irlandesa del Consejo este semestre, a la que tuvo acceso la agencia Lusa, los seis ministros de Hacienda sostienen que es necesario «abordar la cuestión de los elevados precios de la energía mediante el debate de un marco a escala de la UE para la tributación de los beneficios extraordinarios, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas en 2022 y, esta vez, con un análisis más específico sobre cómo podrían incluirse de forma más específica los beneficios obtenidos en el extranjero por las empresas petroleras multinacionales».

En la carta, los ministros —entre los que se encuentra el presidente portugués, Joaquim Miranda Sarmento— sostienen que el conflicto en Oriente Medio sigue ejerciendo presión sobre los precios de la energía y advierten de que los efectos podrían extenderse más allá del combustible, afectando a los precios de otros bienes y servicios y agravando el coste de la vida.

Por ello, abogan por «un mecanismo europeo común capaz de proteger el mercado único, garantizando al mismo tiempo que se tengan en cuenta la diversidad de las situaciones nacionales y las respectivas partes interesadas, así como el respeto al principio de subsidiariedad», según la carta a la que tuvo acceso Lusa.

Próxima reunión

Portugal y otros países solicitan que este asunto se incluya en una futura reunión de los ministros de Hacienda de la UE, como la reunión informal prevista para los días 18 y 19 de septiembre en Dublín, en el marco de la Presidencia irlandesa del Consejo.

La carta planteaba una cuestión que Portugal, junto con otros países, ya había planteado a la Comisión Europea en la primavera de este año: una respuesta común para gravar los beneficios extraordinarios en el sector energético, similar a la contribución solidaria creada en 2022.

Sin embargo, Bruselas consideró en su momento que la adopción de un impuesto sobre estos beneficios era una decisión que correspondía a cada Estado miembro, dada la dificultad de adoptar esta medida a nivel europeo por el requisito de unanimidad.

Ante la falta de condiciones para avanzar hacia una solución armonizada a nivel de la UE, el Gobierno portugués adoptó una medida nacional, pero sigue defendiendo una respuesta europea.

La iniciativa llega en un momento de presión, impulsada por el impacto del aumento de los costes energéticos en el poder adquisitivo de las familias y en los costes de las empresas.