La legislación se basa en un alto el fuego anunciado el pasado mes de mayo, cuando el grupo se comprometió a deponer las armas. Esta medida abre una vía para que los antiguos militantes puedan beneficiarse de condenas suspendidas y supone un paso más hacia el fin de este largo conflicto.

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La nueva ley exige el desarme total del PKK y contó con el apoyo de más del 80 % de los diputados, a pesar de la oposición política. El PKK, considerado una organización terrorista por el Reino Unido, la UE y EE. UU., inició su insurgencia en 1984. El conflicto se ha cobrado unas 40 000 vidas, en su mayoría kurdas, en Turquía, Irak y Siria. Desde entonces, el grupo ha cambiado su enfoque para centrarse en la reivindicación de mayores derechos para los kurdos.