Las pensiones vitalicias concedidas a antiguos políticos y jueces del Tribunal Constitucional supondrán un gasto de aproximadamente 10,2 millones de euros en 2027, aunque el régimen se suprimió hace más de dos décadas, según informa Executive Digest.

Esta cantidad supone una reducción del 4 % con respecto a los costes previstos para 2026, pero se espera que el gasto se mantenga en torno a un 15 % por encima de las cifras registradas en 2019.

Según el Correio da Manhã, las cifras figuran en el presupuesto de la Caixa Geral de Aposentações (CGA), integrado en el proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027 (OE2027).

Entre enero y agosto de 2026, el Estado destinó aproximadamente 6,1 millones de euros a la asignación mensual vitalicia (SMV), una prestación concedida a antiguos cargos políticos y jueces del Tribunal Constitucional. Se prevé que el gasto anual alcance los 10,6 millones de euros.

Beneficiarios vitalicios

La última lista mensual recoge a 281 beneficiarios con derecho a la prestación mensual vitalicia. De esta lista, 228 reciben la prestación mensualmente, mientras que a 23 se les ha reducido íntegramente el importe. Al resto de beneficiarios se les aplican reducciones parciales o suspensiones.

La reducción prevista del 4 % para 2027 podría deberse a una disminución del número de beneficiarios que reciben pagos efectivos, como consecuencia de la suspensión o la reducción de las prestaciones.

A diferencia de las pensiones de jubilación tradicionales, la prestación mensual vitalicia no procede de cotizaciones deducidas de los salarios de los beneficiarios, ya que el importe concedido viene determinado por la remuneración asociada al último cargo político del beneficiario.

Los beneficiarios de las prestaciones más elevadas

Según el Correio da Manhã, una de las prestaciones más elevadas se concede a Jorge Alberto Rangel, exvicesecretario del Gobierno de Macao, que tiene derecho a 6.633 euros brutos al mes. António Guterres, ex primer ministro portugués y actual secretario general de las Naciones Unidas, recibe una asignación mensual bruta de 4.138 euros. João de Deus Pinheiro, exministro de Asuntos Exteriores, recibe una asignación bruta de 3.967 euros.

Algunos antiguos cargos públicos han optado por suspender voluntariamente el cobro de estas prestaciones, entre ellos el ex primer ministro António Costa y los exministros António Vitorino, Marques Mendes y Rui Gomes da Silva.

Régimen suprimido hace dos décadas

La concesión de nuevas prestaciones mensuales vitalicias se suprimió en octubre de 2005, durante el Gobierno liderado por José Sócrates. Sin embargo, la decisión incluía un régimen transitorio que protegía la situación de los antiguos políticos y jueces del Tribunal Constitucional que cumplieran las condiciones estipuladas hasta 2009.

A pesar de que el régimen finalizó hace más de 20 años, el Gobierno portugués sigue garantizando los pagos a los beneficiarios que han conservado ese derecho.

Estos derechos existentes explican por qué la prestación sigue representando un gasto anual de más de 10 millones de euros, a pesar de la supresión de nuevos derechos.

Propuesta de supresión del régimen

En febrero de 2026 se presentó la Iniciativa Parlamentaria 402/XVII, con el objetivo de suprimir las prestaciones vitalicias para los antiguos titulares de cargos políticos que reunieran los requisitos.

La propuesta pretendía eliminar gradualmente los pagos a los beneficiarios actuales a lo largo de tres años, reduciendo las prestaciones al 60 % de su valor original el primer año, al 40 % el segundo y al 20 % el tercero, antes de suprimirlas por completo.

La propuesta contó con el apoyo de Chega, la Iniciativa Liberal (IL), el CDS-PP y el Bloque de Izquierda (BE).

El Partido Socialdemócrata (PSD), el Partido Socialista (PS), Livre y el Partido Comunista Portugués (PCP) votaron en contra, mientras que Personas-Animales-Naturaleza (PAN) y Juntos por el Pueblo (JPP) se abstuvieron.

Por lo tanto, la propuesta no fue aprobada y fue rechazada por el Parlamento el 3 de julio de 2026, con lo que el marco jurídico vigente se mantuvo sin cambios.

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