Las medidas aplicadas por los últimos gobiernos en Portugal no han sido capaces de responder a la crisis de acceso a la vivienda en el país. Esta es la conclusión de la Comisión Europea, que sostiene que el Gobierno portugués debe desarrollar una "nueva estrategia de vivienda", sugiriendo varias medidas que han generado protestas en el mercado inmobiliario. Es el caso del control de los alquileres y de los nuevos límites a los Alojamientos Locales, según un informe de idealista.

"Aunque Portugal tiene el ambicioso objetivo de aumentar el parque de vivienda pública hasta el 5% del total de viviendas en 2026 y proporcionar apoyo para el alquiler o la compra de vivienda a los grupos y familias más vulnerables, los esfuerzos actuales pueden no ser suficientes para proporcionar las soluciones sistémicas y a corto plazo necesarias", comienza considerando Bruselas en un informe sobre el país publicado esta semana.

Lo cierto es que la construcción de vivienda pública ha sido lenta. "Portugal tiene un parque de vivienda pública muy pequeño, inferior al 2%, mientras que en 2022 las viviendas vacías, excluyendo las de temporada y vacaciones, representaban alrededor del 12% del parque total de viviendas del país", señalan.

Y Bruselas incluso dice tener "serias dudas" sobre la capacidad de Portugal para construir las 26.000 viviendas financiadas por el Plan de Recuperación y Resiliencia (PRR) antes de junio de 2026. Miguel Pinto Luz, que volverá a ocupar el cargo de ministro de Infraestructuras y Vivienda en el nuevo Gobierno constitucional, sigue "creyendo" que las viviendas del PRR cumplirán los plazos.