El Instituto BlueZ C, Civis Cidadania y PROBAAL, tres asociaciones regionales de protección del medio ambiente, anunciaron en un comunicado que solicitaron el 3 de julio al Tribunal Administrativo y Fiscal(TAF) de Loulé que "alerte a la administración de lo evidente: la licencia del puerto deportivo de Faro caducó hace años".

En esa fecha, el grupo de asociaciones presentó "un recurso administrativo" contra la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Algarve(CCDR), pidiendo "al juez que haga lo que nadie parece dispuesto a hacer: aplicar la ley."

"Lo que está en cuestión es la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) emitida en 2005 para el proyecto del nuevo puerto deportivo de Faro. Según las asociaciones, la DIA caducó en 2007 -hace dieciocho años- y cualquier intento de revivirla después es, como mínimo, jurídicamente dudoso", afirmaron.

El grupo de asociaciones ecologistas también impugna la Declaración de Conformidad Ambiental del Proyecto de Ejecución (DECAPE), que fue "emitida en 2016 y modificada en 2021", porque se basa "íntegramente en esa misma DIA caducada."

Para las asociaciones, el proyecto es un "castillo de naipes, construido sobre arena, dentro de un parque natural", porque el puerto deportivo de Faro está previsto en la zona exterior del actual muelle de la ciudad, un área dentro del Parque Natural de la Ría Formosa.

Las asociaciones señalaron que el proyecto prevé la construcción de 277 amarres, el dragado y la creación de una plataforma de vertido, zonas comerciales y edificios. Sin embargo, rechazan la idea de que "un informe medioambiental de 2005" pueda considerarse "actual como si no hubiera pasado nada en 20 años".

"(...) Lo que está en juego es el cumplimiento de la ley, es decir, la evaluación de impacto ambiental y el plan de desarrollo del Parque Natural de Ria Formosa", explicaron.

Las asociaciones aclararon que esta acción "pretende que se declare la nulidad de la DIA y de la DCAPE" e instaron al tribunal a "intervenir antes de que las dragas entren en acción".

El grupo señaló que una medida cautelar presentada por los mismos demandantes el 17 de diciembre para "detener el inicio de las obras de construcción del vertedero que creará el puerto deportivo" sigue "pendiente de decisión".

Las asociaciones anunciaron el 19 de diciembre que habían presentado una medida cautelar contra el proyecto debido a "graves irregularidades de procedimiento" en la evaluación de impacto ambiental, que tiene aproximadamente 20 años y ya no refleja los conocimientos científicos actuales.

El proyecto también causaría, según los argumentos presentados en la medida cautelar, "pérdidas irreparables" a los valores medioambientales de la zona protegida de la laguna de Ria Formosa, argumentaron las tres asociaciones.

Los demandantes consideraron entonces que el proyecto "sirve a intereses turísticos e inmobiliarios" y podría causar un "desastre ecológico" en Ria Formosa, clasificada como parque natural desde 1987.