A mediados de septiembre, el Consejo de Rectores de las Universidades Portuguesas(CRUP) recibió una propuesta de protocolo a firmar con la Agencia de Integración, Migración y Asilo(AIMA), según la cual las instituciones de enseñanza superior (IES) se encargarían de "recopilar, analizar y presentar la documentación necesaria" para expedir visados y permisos de residencia a estudiantes, profesores e investigadores extranjeros.

Las instituciones tendrían que recopilar "datos personales", como direcciones o números de teléfono, y enviarlos a AIMA, según la propuesta de colaboración vista por Lusa.

Las instituciones de enseñanza superior también estarían obligadas a presentar todos los documentos necesarios para tramitar las solicitudes de autorización o visado, debiendo previamente "certificar la veracidad y fiabilidad" de los mismos.

El texto del protocolo asigna once obligaciones a las instituciones, que también tendrían que "hacer todo lo posible" para garantizar la presencia de los solicitantes en las sedes de AIMA e incluso "avisar con la mayor antelación posible" en caso de que no pudieran acudir.

Preocupaciones

La propuesta se presentó al CRUP, que, en una primera reunión, planteó "algunas preocupaciones".

El asunto está ahora en manos de la Comisión de Internacionalización del CRUP, que comentará y presentará sugerencias, dijo a Lusa Paulo Jorge Ferreira, presidente del consejo de rectores.

"Aquí hay serios problemas que superar. Estamos pidiendo que se comparta o se transmita información personal y sensible de estudiantes, profesores e investigadores", advirtió Paulo Jorge Ferreira, cuestionando "la legitimidad y el marco legal que permite a las instituciones transmitir información personal".

Verificar la autenticidad de los documentos podría ser otro problema: "No corresponde a las universidades verificar la legalidad de los documentos".

"Las universidades no son cuerpos de seguridad, ni tienen personal capacitado para realizar este tipo de verificación", añadió, señalando que sería necesario contratar personal adicional para hacer operativo el modelo propuesto.

Además, las instituciones también tendrían que desarrollar otra serie de actividades y tareas, como promover iniciativas para divulgar la ley de extranjería o garantizar la asistencia de los interesados a las sesiones de formación de la AIMA.

Paulo Jorge Ferreira subrayó que "el protocolo es opcional y sólo pueden adherirse aquellos que lo deseen", pero el Presupuesto del Estado sólo cubre alrededor del 72% de los costes de recursos humanos, por lo que la propuesta empeoraría aún más la situación financiera de las instituciones.

A pesar de las críticas, el presidente de la CRUP reconoció que "la propuesta tiene muy buenas intenciones", ya que pretende resolver un problema que sufren las IES portuguesas, que cada vez reciben más estudiantes internacionales.

Los estudiantes internacionales representan ya cerca del 5% del total de estudiantes de enseñanza superior en Portugal.

"La llegada de talento extranjero al país es muy bienvenida, y uno de los obstáculos es precisamente la carga burocrática que supone legalizar la situación de los estudiantes en nuestro país. Las dificultades para legalizar su estatus disuaden a los estudiantes de ponerse en contacto con nosotros, y esto es un obstáculo para la internacionalización", dijo.

Por ello, CRUP invitará a AIMA a una reunión a finales de este mes para debatir el protocolo y presentar algunas propuestas.

"Sobrecarga" de trabajo

Para el rector de la Universidad de Aveiro, la solución al problema no puede ser "sobrecargar a las IES con más tareas".

Como alternativa, Paulo Jorge Ferreira recordó una medida ya implantada en su universidad, que en 2019 acogió un Centro Local de Apoyo a la Integración de Migrantes (CLAIM) para apoyar a su comunidad internacional y "aliviar a los CLAIM locales de la carga que la universidad estaba causando."

En opinión del rector, las IES podrían habilitar espacios en sus campus para prestar este servicio, que "estaría atendido por personal de agencia" o formado para estas tareas: "Nosotros facilitaríamos el espacio y ellos prestarían el servicio".

Lusa se puso en contacto con la presidenta del Consejo Coordinador de Institutos Técnicos Superiores, quien dijo no haber recibido aún el documento, que también establece las mismas obligaciones para los institutos politécnicos.

Lusa también se puso en contacto con AIMA, pero aún no ha respondido.