El evento suscitará inevitablemente debates no sólo entre las esferas gubernamentales, sino también en el sector privado, que también estará presente en la conferencia. Surgirán demandas para que las empresas se replanteen su impacto social y medioambiental, y se espera que, al final, la reunión aporte importantes ideas para construir soluciones de RSE en América Latina -dondese celebrará la COP30- y en todo el mundo.
Al ser la primera Conferencia de las Partes que se celebra en Brasil, uno de los principales líderes del Sur Global, su ubicación influirá sin duda en muchas de las conversaciones que surjan, ya que es probable que el país anfitrión aproveche su posición para dar forma al discurso. Esto es aún más simbólico si se tiene en cuenta que la ciudad anfitriona, Belém, está situada en el corazón de la selva amazónica, uno de los hitos naturales más emblemáticos de nuestro planeta.
No sólo es importante el contexto geográfico, sino que el calendario también es crucial. Esta es la última COP antes de la fecha límite de 2025 para que los países presenten nuevas y más ambiciosas Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés). Estos son los compromisos que cada nación presenta como plan para cumplir los objetivos de 2030 establecidos en el Acuerdo de París en 2015.
Todos estos elementos animarán a los países del Sur Global a presionar a los países del Norte Global para que asuman su responsabilidad y rindan cuentas a la hora de abordar la justicia climática, invirtiendo en un plan en el que las comunidades vulnerables y marginadas puedan empoderarse y participar en el proceso de toma de decisiones para construir soluciones, con demandas como la financiación de fondos medioambientales y la equidad.
Justicia climática en la COP30: agenda y debates
Un aspecto clave del marco de la justicia climática es ético: cuanto más contribuya un país a la crisis medioambiental -hoy o históricamente- más responsable debería ser de abordarla. Por otro lado, las comunidades que a menudo se encuentran en el extremo receptor de los problemas y pueden ser parte de la solución, deben obtener su espacio justo y un papel equitativo en el proceso de toma de decisiones.
Esta idea se basa en el principio de "responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas" (CBDR-RC) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que tiene en cuenta que las responsabilidades deben basarse en las contribuciones históricas al problema y en la capacidad económica de permitir el cambio.
Financiación
Durante la COP30 se abordarán varios aspectos de la justicia climática, el primero de los cuales es la financiación. Es probable que uno de los debates más importantes sobre esta cuestión gire en torno a la renegociación del Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado (NCQG).
En 2024, durante la COP29 en Bakú, se estableció que la cantidad previamente acordada de 300.000 millones de dólares debería movilizarse anualmente hasta 2025 para desarrollar acciones medioambientales en los países del Sur Global, elevando la suma desde el anterior objetivo de 100.000 millones de dólares.
Sin embargo, Brasil intentará aumentar esas cifras. La opinión del país al respecto (respaldada por la de otros países) es que se necesita más para hacer frente a la situación climática actual, y apunta a 1,3 billones de dólares, una cifra audaz que implica un aumento masivo. Esto supondrá un enorme reto para el país anfitrión, que confía en sus tradiciones diplomáticas para conseguir acuerdos con países más ricos para recaudar tales inversiones.
Además, el gobierno brasileño propondrá otro proyecto, el Tropical Forest Forever Facility (TFFF), que funcionará como un fideicomiso de financiación del Norte Global que recompensará a los países por preservar sus bosques. Se espera que este dinero se reinvierta en la conservación de los bosques, financiando a las comunidades locales para garantizar que estos entornos naturales sigan protegidos.
Un cambio de discurso es una poderosa herramienta para que el Sur Global haga valer sus argumentos. La idea de que los países del Norte Global financian estos proyectos como caridad debería sustituirse por una idea de obligación, similar a una deuda que tienen con el resto del planeta, dado que son los principales contribuyentes a la crisis climática.
Los pueblos indígenas en el punto de mira
Dado que la COP30 se celebra en la selva amazónica, hay grandes expectativas de que las comunidades locales, los líderes indígenas y otros movimientos del Sur Global aprovechen la oportunidad para adoptar una postura y amplificar sus voces en los debates sobre justicia climática, no sólo durante los eventos paralelos, sino también en las sesiones plenarias principales.
Esto representará una plataforma sin precedentes para que los pueblos indígenas hablen al mundo desde las puertas de sus territorios y demuestren su impacto como guardianes de los bosques. La agenda pretende aclarar la correlación directa entre estas comunidades y la mitigación del cambio climático.
Una demanda clave, sin embargo, es incluir a estas personas en los procesos de toma de decisiones y garantizar que sus voces sean iguales a las de los grupos políticos históricamente más fuertes. Este proceso no es nada nuevo, ya que se hace eco de los debates que tuvieron lugar en la Conferencia de Bonn el pasado mes de junio.
Durante la reunión de Bonn, las ONG medioambientales y sociales brasileñas, junto con la Presidencia de la COP30, expresaron su preocupación por el hecho de que los fondos de financiación no tuvieran debidamente en cuenta las necesidades de los pueblos y comunidades tradicionales en los planes.
Una de las peticiones más apremiantes de los grupos indígenas es la aplicación del principio de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), un marco que destaca la importancia de que los proyectos y políticas climáticas consulten y obtengan el consentimiento de los pueblos indígenas antes de llevarse a cabo en sus tierras o afectarlas.
La participación de estas comunidades en el diseño de tales proyectos garantiza que se tengan realmente en cuenta sus perspectivas sobre la naturaleza, la cultura y las preocupaciones locales.
Además de evitar que actores poderosos con intereses que pueden no alinearse con los objetivos de sostenibilidad guíen sus acciones, la participación igualitaria de los pueblos indígenas también pone sobre la mesa conocimientos, que son realmente útiles para abordar algunos de los problemas más urgentes a los que nos enfrentamos en medio de esta crisis climática.
La COP30 y la justicia climática: Desafíos
Se espera que algunos países del Norte Global se resistan a la idea de destinar más fondos a la financiación, lo que supone un desafío que probablemente conducirá a unas negociaciones tensas.
Esto es especialmente notable a la luz del último posicionamiento de EE. UU. en temas medioambientales. La presidencia de Donald Trump se opone abiertamente a las acciones de justicia climática y, como país con la mayor economía del planeta, tiene una influencia significativa en los asuntos. Esta postura aún puede ser replicada por otros.
En cuanto a la cuestión de incluir los derechos de los indígenas y hacer oír sus voces, esto también puede generar tensiones, ya que estos grupos a menudo operan de maneras muy diferentes a las poderosas empresas, por ejemplo. Esta diferencia de intereses chocará seguramente durante los arbitrajes y representa un reto importante que los negociadores tendrán que afrontar y superar.
El liderazgo de Brasil durante el evento también podría verse como un arma de doble filo. Por un lado, el país tiene una economía fuerte, un factor clave que puede repercutir en su influencia en los debates y ofrecer el apoyo necesario para que los países del Sur Global presenten sus casos y argumentos. Por otro lado, el gigante sudamericano tiene sus contradicciones, que pueden quedar fácilmente expuestas al otro lado de la mesa de negociaciones.
Un tema que seguramente saldrá a relucir son los planes del gobierno brasileño de explorar petróleo en el Margen Ecuatorial, situado cerca de la desembocadura del río Amazonas. Este proyecto podría afectar no sólo al medio ambiente local, con un alto riesgo de vertidos que podrían causar una devastación sin precedentes, sino también a las comunidades locales.
Otros conflictos de intereses brasileños incluyen la construcción en el pasado de varias presas de agua en el Amazonas, que desplazaron a indígenas y destruyeron el equilibrio natural en amplias zonas, a pesar de la resistencia de estas comunidades contra los proyectos. Estas acciones pueden ser calificadas de hipocresía, y los países del Norte lo utilizan como argumento de hipocresía afirmando que Brasil no practica lo que predica a escala mundial en su propio patio trasero.
Una prueba importante: El legado de la COP30
La Conferencia de las Partes de este año puede ser un momento crucial para abordar la crisis medioambiental. El contexto la convierte en una oportunidad perfecta para que el Sur Global, liderado por Brasil, suba la apuesta y presione al Norte Global hacia mayores compromisos. Sin embargo, se prevé que las negociaciones sean tensas, especialmente dadas las contradicciones brasileñas y la probable resistencia del Norte Global en juego.
El legado que dejará Belém es un indicador importante de si, como grupo, podemos trascender los obstáculos geopolíticos e ideológicos para construir respuestas basadas en la justicia climática. Para ello, hay que aportar soluciones tangibles y oportunidades equitativas para hacer frente a la emergencia climática en la que nos encontramos.
Por Henrique Castro Barbosa.








