El Ejecutivo también solicitó la creación de equipos especiales para investigar los incendios forestales y el fraude en el Servicio Nacional de Salud (SNS).

Creación de equipos especializados

Según el diario Público, la creación de un equipo para investigar la inmigración ilegal forma parte de una estrategia del Ejecutivo. El objetivo es que el equipo especial trabaje en colaboración con AIMA, ACT y ASAE.

En el ámbito sanitario, la medida no será nueva, y el juez Carlos Alexandre seguirá colaborando con la Policía Judicial, la Inspección General de Actividades Sanitarias, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.

En lo que respecta a los incendios, el Gobierno trabajará conjuntamente con la PJ, la Fiscalía, la GNR y el ICNF.

Reinserción de presos

Como ya informó The Portugal News, el Gobierno, en el ámbito de la ley de política criminal, prevé la creación de programas de reinserción social para presos a través de "actividades de utilidad pública", como la limpieza de terrenos y zonas forestales para prevenir el riesgo de incendios. Los presos también se encargarían de reconstruir las infraestructuras afectadas por los incendios.

Contra la corrupción

La propuesta del Gobierno pasa también por prevenir la corrupción, siguiendo la Agenda Anticorrupción, lanzada en 2024, dotando de autonomía a la lucha contra nuevos tipos de delitos, en concreto los relacionados con la ciberdelincuencia y la "usurpación de bienes inmuebles" -la ocupación ilegal de una propiedad-, que pasó a ser delito a finales de 2025.

Investigación prioritaria

Entre los delitos que ahora entran en el concepto de investigación prioritaria están la violación de secretos de Estado, así como el sabotaje o los ataques a infraestructuras esenciales. También se incluirán los delitos de resistencia y coacciones contra funcionario público, la evasión y ayuda a la evasión de presos de centros penitenciarios y el tráfico ilegal de armas.

Delitos de impacto social

En el texto del Gobierno aparece el concepto de "zonas con delincuencia de impacto social" o de "especial criticidad", en las que se reforzará la presencia policial como medida preventiva en las zonas afectadas. En estos lugares se podrá llevar a cabo la identificación y registro de personas, vehículos y material.

Protección de las víctimas

Para proteger a las víctimas, el Gobierno propone crear "una red de centros de crisis para víctimas de violencia sexual, especialmente en el ámbito del Sistema Nacional de Salud y de la Policía Judicial, capaces de, a través de una coordinación interinstitucional o protocolaria, garantizar una respuesta inmediata, especializada, segura y confidencial."