Las ciudades que cobran por volumen de residuos han reducido la basura doméstica hasta un 30%. Esta política traslada los costes del contribuyente al usuario, fomentando el reciclaje.

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Los economistas medioambientales califican el sistema de "pago por tirar" de cambio hacia una gestión de residuos más justa, basada en datos y que premia la sostenibilidad frente a la comodidad.