Para evitar la presión sobre el mercado inmobiliario, la Unión Europea está preparando un marco jurídico que dificulte a los ciudadanos de otros países la compra de viviendas vacacionales en el territorio de la UE. La medida surge a instancias de destinos turísticos populares, como España, que achacan el aumento de los precios inmobiliarios a la inversión extranjera en el sector de la vivienda.

El Parlamento Europeo consideró que la Ley de Vivienda Asequible crearía un marco común en toda Europa para identificar las zonas con un mercado inmobiliario bajo presión, de modo que las autoridades locales pudieran establecer sus propias restricciones, siempre que estas sean «específicas, necesarias y proporcionadas».

Esta ley podría respaldar medidas de las autoridades locales en países como España, Portugal y Francia, incluida la prohibición de Airbnb, como ya ha ocurrido en Barcelona. Si los países se animan a adoptar este tipo de medidas, podría resultar más difícil para los ciudadanos británicos comprar viviendas en el extranjero, especialmente en la Unión Europea.

El respaldo de la UE significa que a los británicos les resultará más difícil comprar viviendas en el extranjero. Dirk Gotink, eurodiputado neerlandés, señaló que la legislación tendrá «graves consecuencias» para los británicos que deseen comprar una segunda vivienda, por ejemplo, en Portugal.

Sin embargo, el eurodiputado señaló que las normas afectarán principalmente a zonas muy demandadas de España, Croacia, Italia y Francia, y añadió que esta nueva legislación no resolverá la crisis de la vivienda en Europa. El eurodiputado considera que la Unión no necesita una legislación común, ya que la crisis de la vivienda puede considerarse un problema nacional, y no europeo.

Borja Giménez Larraz, eurodiputado español del Partido Popular, se mostró «profundamente preocupado» por las restricciones que la legislación impondría a las segundas residencias.