En marzo y abril se presentaron un total de 205 solicitudes, lo que supone un aumento del 189 % en comparación con los mismos dos meses de 2025, cuando se registraron 71 solicitudes.

Las cifras del Instituto de Registros y Notarios (IRN), difundidas por CNN Portugal, muestran que solo 13 de las solicitudes presentadas durante estos dos meses correspondían a jóvenes de 16 o 17 años.

El aumento también se aprecia a lo largo del primer semestre del año. Entre enero y junio de 2026, el IRN recibió 378 solicitudes, frente a las 269 del mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento del 40,5 %.

La cifra registrada en los primeros seis meses de este año ya equivale a alrededor del 68 % del total de 555 cambios registrados a lo largo de 2025.

El aumento más acusado coincidió con los debates políticos sobre posibles modificaciones de la ley vigente.

Chega presentó en enero una propuesta que revocaría el sistema de autodeterminación de género introducido en 2018. Además, exigiría a los solicitantes que presentaran un informe que confirmara un diagnóstico de trastorno de identidad de género. La propuesta ha sido criticada en un dictamen técnico emitido por la Asociación Médica Portuguesa.

El PSD y el CDS-PP presentaron sus propias propuestas en marzo, lo que abre la posibilidad de que se forme una mayoría parlamentaria a favor de modificar la normativa vigente. Los proyectos de ley fueron aprobados en primera lectura ese mismo mes.

La mayoría de las solicitudes presentadas durante el primer semestre de 2026 se referían a un cambio de mujer a hombre. Se registraron 206 solicitudes para registrarse como hombre y 172 para registrarse como mujer.

A pesar del aumento general, el número de solicitudes de menores descendió ligeramente. Entre enero y junio se presentaron veintiocho solicitudes de menores de 18 años, frente a las 31 registradas durante el mismo periodo del año pasado, lo que supone un descenso del 9,7 %.

Según la ley actualmente en vigor, los jóvenes de 16 y 17 años pueden cambiar su nombre y sexo de registro con el permiso de sus representantes legales y una declaración de un médico o psicólogo. Las propuestas que se están debatiendo en el Parlamento eliminarían esta opción.

La revisión prevista ha suscitado desacuerdo político y críticas por parte de organizaciones de derechos humanos. El Gobierno portugués también ha confirmado que no se llevó a cabo ningún estudio de impacto sobre el sistema actual antes de presentar las propuestas.