Según el periódico Expresso, un grupo de extranjeros residentes en Portugal ha presentado una denuncia formal ante el Defensor del Pueblo contra el Estado portugués en relación con las modificaciones de la Ley de Nacionalidad.

El grupo está representado por diez abogados, y el caso se remonta al mes de mayo, cuando un grupo de cientos de inversores, en su mayoría titulares de permisos de residencia por inversión en Portugal —también conocidos como ARI y «visados dorados»—, decidió denunciar al Estado a raíz de los cambios legislativos.

El movimiento creció hasta alcanzar los 1.260 firmantes, que ahora han formalizado la denuncia.

Madalena Monteiro, socia fundadora de Liberty Legal, declaró al semanario del grupo Impresa: «Todavía hay más personas que deberían sumarse a la denuncia, ahora que ya se ha presentado ante la Oficina del Defensor del Pueblo. Ya estamos preparando una segunda ronda. Ha sido un auténtico infierno para la gente». Monteiro afirma que ha estado recibiendo a diario solicitudes de inversores de diversas nacionalidades que desean emprender acciones legales.

Los documentos, presentados este miércoles, también incluían propuestas para modificar la ley, según ECO News. Una preocupación general es el número de años necesarios para obtener la nacionalidad, ya que el grupo considera que el texto promulgado por el presidente de la República «pone en peligro los derechos y las expectativas legítimas de miles de solicitantes y titulares».