Este año, las estimaciones de los agentes del sector indican que se terminarán 28.000 nuevas viviendas en todo el país.

"Hace veinte años se construían 100.000 viviendas al año. Hoy se construye una media de 24.000 a 25.000 nuevas viviendas, con un pico de 28.000 este año. Los precios sólo bajarán con más oferta, pero no hay capacidad para hacer más", afirmó Manuel Maria Gonçalves, Director General de la Asociación Portuguesa de Promotores e Inversores Inmobiliarios(APPII), durante una conferencia sobre el paquete de vivienda del Gobierno organizada por Diário Imobiliário.

La escasez de mano de obra, estimada entre 80.000 y 100.000 trabajadores, la fiscalidad "excesiva" sobre las empresas constructoras y los clientes, que puede representar hasta el 40% del coste total de los proyectos, la lentitud en la concesión de licencias y la aplicación de medidas de estímulo aisladas durante toda la legislatura son los principales factores que agravan la crisis inmobiliaria.

"Ambicioso

Para la mayoría de los ponentes, las medidas anunciadas por el Gobierno en septiembre son "ambiciosas" pero "difícilmente viables". La reducción al 6% del tipo del IVA, reclamada desde hace tiempo por el sector, es "bienvenida", pero, como señaló João Sousa, consejero delegado del Grupo JPS, "puede que sólo tenga impacto en los nuevos proyectos de construcción que se pongan en marcha dentro de un año y medio o dos años."

Además, ésta y otras medidas destinadas a fomentar la oferta de vivienda "están limitadas por el ciclo político", lo que crea una enorme inestabilidad para los inversores, añadió el mismo promotor. "Es una medida audaz, pero debería extenderse más allá de 2030", concluyó.

Madalena Azeredo Perdigão, socia del bufete de abogados CCA, señaló que el nuevo tipo reducido de IVA, para viviendas valoradas en menos de 648.000 euros, aún debe ser autorizado por la Comisión Europea tras ser aprobado por el Parlamento, lo que podría retrasar aún más su entrada en vigor.

El nuevo paquete del Gobierno "no tiene las medidas de choque que necesitamos porque no es de aplicación inmediata", dijo José Rui Menezes e Castro, Director General del Grupo MAP. "Una política de choque crearía las condiciones para que el parque de viviendas existente estuviera disponible en el mercado", añadió.

El anuncio del Gobierno de que construirá miles de nuevas viviendas con recursos del Plan de Recuperación y Resiliencia (PRR) y del Banco Europeo de Inversiones(BEI) ha sido cuestionado por los promotores.

"Las cifras crecen cada día para tener un impacto, pero no hay capacidad para construir lo anunciado. Cada ayuntamiento trabaja con el PRR como si fuera una microempresa. No hay una estructura global que lo encaje todo a nivel central", afirma João Souza.

Sin capacidad

El arquitecto Nuno Malheiro afirmó que ni los ayuntamientos ni el Instituto de Vivienda y Rehabilitación Urbana(IHRU) tienen capacidad para aprovechar los fondos disponibles, sobre todo los del PRR (Programa de Reformas), que expira en 2026.

En cuanto a la simplificación de la concesión de licencias, también anunciada por el Gobierno, los ponentes ilustraron su experiencia con los ayuntamientos con ejemplos concretos, subrayando que no basta con reducir los tiempos de respuesta.

"Una misma ley es interpretada de forma diferente por los ayuntamientos, por no hablar de los reglamentos, que tienen sus propias normas. Esto dificulta las cosas y crea incertidumbre", dijo Nuno Malheiro, que cree que "simplificar significa estandarizar las normas" en todos los municipios.

El paquete de medidas del Gobierno en materia de vivienda, anunciado en septiembre como una "política de choque" para "sacudir el mercado de la construcción y el alquiler" en el país, incluye una reducción del IVA de la construcción al 6% sobre las ventas de hasta 648.000 euros y los alquileres de hasta 2.300 euros, deducciones fiscales sobre los alquileres de hasta 900 euros, una reducción del tipo del IRS del 25% al 10% sobre los alquileres "moderados" de hasta 2.300 euros, la simplificación de la concesión de licencias y un aumento del IMT (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) para los no residentes.