«La coordinación del Grupo de Trabajo es responsabilidad de la Comisión de Ciudadanía e Igualdad de Género (CIG), que garantiza el apoyo logístico y administrativo necesario para su funcionamiento, incluida la convocatoria y celebración de reuniones», señala el decreto de la subsecretaria de Estado de Juventud e Igualdad, Carla Maria de Pinho Rodrigues.

Con la misión de «presentar al miembro del Gobierno responsable del ámbito de la igualdad propuestas y recomendaciones destinadas a reforzar la prevención, la protección, la intervención y el seguimiento de los fenómenos asociados a los matrimonios infantiles, precoces y forzados, la mutilación genital femenina y los delitos de honor», el grupo funcionará durante unos seis meses (182 días) y, posteriormente, deberá presentar al Gobierno «un informe sobre los resultados del trabajo realizado».

Además de evaluar la idoneidad de la legislación, el grupo podrá analizar la coordinación entre los distintos sectores implicados, identificar las necesidades de formación y «proponer campañas de sensibilización y estrategias de prevención dirigidas a las comunidades afectadas, a los profesionales y al público en general».

A partir del 10 de septiembre y en un plazo de 10 días, se nombrarán los miembros del grupo, entre los que se incluirán representantes de la Agencia para la Integración, Migración y Asilo (AIMA), la Fiscalía General, las fuerzas de seguridad, la Dirección General de Salud, el Instituto de la Seguridad Social y la Comisión Nacional de los Derechos del Niño y del Adolescente, entre otras entidades.

El grupo de trabajo contará además con otras cinco personas en representación de la sociedad civil, como Beatriz Imperatori, de UNICEF Portugal, y Vanessa Lopes, de Rizoma Associação.

Según la orden, el grupo también podrá solicitar la colaboración de otras personas o consultarles; no obstante, estas personas, al no ser miembros del mismo, no tendrán derecho al «pago de remuneración o dieta alguna por el trabajo realizado».