La Ley n.º 62/2026 se publicó en el Diário da República el jueves 10 de septiembre y entró en vigor al día siguiente.

La nueva ley modifica el marco jurídico aplicable a los extranjeros en Portugal, lo que repercute en las posibilidades de regularización de los ciudadanos extranjeros que se encuentran en Portugal sin el visado correspondiente.

La legislación supone un nuevo cambio en el régimen de inmigración y residencia, modificando las normas relativas a la entrada, la estancia, la expulsión, el control, los procedimientos fronterizos y la protección internacional, según informa Executive Digest.

Permiso de residencia

La ley fue promulgada por el presidente António José Seguro, y modifica el artículo 92 de la Ley n.º 23/2007 y deroga su apartado 4, manteniendo la posibilidad de conceder un permiso de residencia a los alumnos de secundaria o a los estudiantes matriculados en cursos de nivel 4. Esto solo se aplica cuando son titulares de un visado de residencia expedido con arreglo a lo dispuesto en la ley y si cumplen las demás condiciones exigidas.

A un estudiante de secundaria o de cursos de nivel 4 que posea dicho visado se le podrá conceder un permiso de residencia si está matriculado en un centro educativo, cumple las condiciones estipuladas y está cubierto por el Servicio Nacional de Salud o por un seguro médico.

Cambio de mayor alcance

Este cambio se produce tras el cierre, en 2024, del sistema que permitía a determinados ciudadanos extranjeros solicitar la regularización de su situación en Portugal sin haber obtenido previamente el visado de residencia correspondiente.

La Ley n.º 62/2026 garantiza asimismo la aplicación de varios reglamentos europeos y transpone dos directivas de la Unión Europea relacionadas con la protección internacional, la acogida y la autorización única de residencia y trabajo.

Asimismo, establece cambios en los procedimientos para resolver las solicitudes de permiso de residencia. La solicitud debe resolverse en un plazo de 90 días, que podrá prorrogarse otros 30 días en situaciones excepcionales y justificadas, en particular debido a la complejidad de la solicitud.