Conocida durante el debate parlamentario como la «ley del burka», la Ley 58/2026 no hace referencia específica al burka ni a la vestimenta religiosa, sino que prohíbe el uso en espacios públicos de prendas destinadas a ocultar o impedir que se vea el rostro.

La legislación se aplica a las vías públicas, los espacios públicos al aire libre, las instalaciones de servicios públicos y los lugares en los que se prestan servicios de acceso general a los ciudadanos, así como a eventos, actividades deportivas y manifestaciones.

Excepciones permitidas

De conformidad con la ley, se permite cubrirse el rostro cuando esté justificado por razones de salud o profesionales, así como con fines artísticos, de entretenimiento o publicitarios.

La legislación también permite cubrirse el rostro por razones de seguridad, debido a las condiciones meteorológicas o cuando otra disposición legal lo permita.

Además, quedan excluidos de la normativa los aviones, los locales diplomáticos y consulares, los lugares de culto y otros lugares sagrados.

Sanciones económicas

Las sanciones económicas dependen de si la infracción se considera negligente o deliberada.

Las infracciones por negligencia pueden acarrear una multa de entre 150 y 750 euros, mientras que las infracciones deliberadas conllevan multas que oscilan entre los 400 y los 3.000 euros.

Las fuerzas policiales se encargarán de hacer cumplir la ley y de levantar acta de las presuntas infracciones, mientras que el ayuntamiento correspondiente se encargará de tramitar el expediente y de fijar la multa.

Además, la legislación tipifica como delito específico el hecho de obligar a otra persona a cubrirse el rostro.

Cualquiera que lo haga mediante amenazas, violencia, coacción o abuso de autoridad o poder puede enfrentarse a una pena de hasta dos años de prisión o a una multa de hasta 240 días, y la pena se incrementa en un tercio cuando la víctima es menor de 18 años.

Seguridad pública

Esta ley tiene su origen en una propuesta de Chega presentada en 2025, que inicialmente se centraba en la prohibición de los velos asociados a la vestimenta islámica, pero cuya redacción se modificó posteriormente durante las negociaciones con el PSD para hacer mayor hincapié en la seguridad pública.

El Parlamento aprobó la versión definitiva el 17 de julio, con los votos a favor del PSD, Chega, Iniciativa Liberal y el CDS-PP, mientras que los partidos de izquierda votaron en contra y la diputada del PAN, Inés de Sousa Real, se abstuvo.

El presidente António José Seguro promulgó la ley el 18 de agosto, calificando la cuestión en aquel momento de «gran sensibilidad social y cultural», al tiempo que señaló que su decisión se había basado en consideraciones como la integración social, la no discriminación por motivos de género y la seguridad.