En su lugar, los casos se distribuirían en función del domicilio particular o de la sede social de la persona u organización que interponga la demanda, según informa ECO.

La medida forma parte de una reforma más amplia de los tribunales administrativos y fiscales de Portugal incluida en el proyecto de ley 98/XVII, que se debatió en el Parlamento el 16 de septiembre.

En la actualidad, los casos relacionados con la Agencia de Integración, Migración y Asilo (AIMA) se concentran en el Tribunal Administrativo de Lisboa. Con el cambio propuesto, pasarían a ser tramitados por tribunales de diferentes partes del país.

El Gobierno no tiene previsto crear tribunales de inmigración independientes. En su lugar, se crearían secciones especializadas dentro de los tribunales ya existentes.

Estas secciones se ocuparían de los casos relativos a la entrada, la residencia y la salida de ciudadanos extranjeros, así como de los procedimientos de expulsión. También se encargarían de los asuntos administrativos relacionados con el asilo, la protección subsidiaria y la protección temporal.

La ministra de Justicia, Rita Alarcão Júdice, afirmó que el cambio tiene por objeto reforzar la especialización de los tribunales en un ámbito que ha cobrado cada vez más importancia en los últimos años. La reorganización también ayudaría a Portugal a adaptar su sistema judicial a los requisitos del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo.

La reforma va más allá de los casos de inmigración e incluye varias medidas destinadas a reducir la presión sobre los tribunales administrativos de Portugal.

El Consejo Superior de Tribunales Administrativos y Fiscales tendría un mayor control sobre la distribución de los asuntos. Podría establecer un límite anual al número de asuntos asignados a cada juez e introducir niveles de referencia para identificar los tribunales en los que la carga de trabajo se haya desequilibrado.

Los jueces de una reserva complementaria también podrían ser trasladados temporalmente a otro tribunal o a una sección especializada dentro de la misma zona geográfica. Esto podría ocurrir cuando existan vacantes o cuando se necesite apoyo adicional debido al número, la complejidad o la antigüedad de los casos pendientes.

Cualquier traslado requeriría el consentimiento del juez y no podría causar graves trastornos en su vida personal o familiar.

La propuesta incluye asimismo nuevas vías para resolver conflictos sin recurrir al proceso judicial tradicional.

Una de las medidas consistiría en crear una sala encargada de resolver los desacuerdos relacionados con los contratos públicos en un plazo máximo de 35 días. El Gobierno espera que esto evite largas demoras en las licitaciones públicas y otros procedimientos administrativos.

También se prevé un procedimiento voluntario para las personas que soliciten una indemnización tras haber sufrido un perjuicio a causa de actuaciones del Estado. Esto permitiría abonar la indemnización sin necesidad de iniciar un procedimiento judicial.

La reforma propone asimismo nuevas normas para los centros de arbitraje administrativo y un mecanismo que permita que determinados acuerdos entre el Estado y los ciudadanos o las empresas sean aprobados por un grupo de expertos sin necesidad de recurrir al Tribunal Administrativo Central.