Según informa Lusa, la asociación ha solicitado una reunión con el ministro de la Presidencia, António Leitão Amaro, tras la publicación del informe, alegando que los cambios legislativos previstos podrían mermar el atractivo de Portugal para los residentes extranjeros, los inversores y los profesionales altamente cualificados.

Posible impacto

Este estudio evaluó el impacto potencial de ampliar el período mínimo de residencia legal exigido antes de que los extranjeros puedan solicitar la ciudadanía portuguesa.

Los investigadores también han tenido en cuenta el efecto acumulativo de otros cambios normativos recientes, como el cierre de la vía de inversión inmobiliaria en el marco del programa «Golden Visa», el fin del régimen fiscal para residentes no habituales (NHR) y las dificultades operativas actuales de la Agencia de Integración, Migración y Asilo (AIMA).

Según el informe, el escenario más probable o de referencia apunta a unas pérdidas económicas de alrededor de 401 millones de euros en 2026, que ascenderían a 5 530 millones de euros en cinco años y alcanzarían los 15 900 millones de euros en una década.

En un escenario más grave, en el que la confianza en la estabilidad normativa de Portugal se deteriore significativamente, el impacto previsto podría ascender a 655,1 millones de euros en el primer año, 8 370 millones de euros en un plazo de cinco años y 23 540 millones de euros a lo largo de diez años.

Los investigadores sostienen que alargar el proceso para obtener la nacionalidad portuguesa podría disuadir a los trabajadores, empresarios, inversores y familias internacionales de trasladarse a Portugal, en un momento en el que varios países competidores siguen ofreciendo políticas favorables en materia de migración e inversión.

Finanzas públicas

El informe estima que las finanzas públicas también se verían afectadas, con una pérdida de ingresos públicos que oscilaría entre 76,6 y 108,4 millones de euros en el primer año, aumentando hasta situarse entre 4.520 y 6.400 millones de euros a lo largo de una década.

Se prevé que las cotizaciones a la seguridad social se encuentren entre los ámbitos más afectados, con pérdidas previstas que oscilarían entre 35,6 y 60,6 millones de euros durante el primer año. A lo largo de diez años, el estudio estima que la reducción de las cotizaciones podría ascender a un total de entre 2 880 millones y 4 890 millones de euros si un menor número de trabajadores cualificados y empresarios optara por establecerse en Portugal.

Además, el gasto de los residentes extranjeros representa la mayor parte del impacto económico previsto, lo que significa que un menor consumo de los hogares podría reducir la actividad económica entre 143,8 y 199,9 millones de euros en 2026, con pérdidas acumuladas estimadas entre 8 960 y 12 450 millones de euros durante la próxima década.

Reducción de la demanda

El estudio también sugiere que sectores como la vivienda, la hostelería, la restauración, la sanidad privada, la educación, el comercio minorista, el ocio y otros servicios locales serían especialmente vulnerables a cualquier descenso en el número de residentes extranjeros.

Además, se prevé que los servicios profesionales también se enfrenten a una reducción de la demanda, ya que abogados, asesores fiscales, notarios, agentes inmobiliarios y empresas de reubicación podrían perder en conjunto entre 618,8 y 902,6 millones de euros en un plazo de 10 años.

Este informe estima que los niveles de inversión también podrían descender significativamente, con una reducción de entre 130,7 y 274,1 millones de euros solo durante el primer año, y unas pérdidas acumuladas que alcanzarían entre 1 810 y 3 790 millones de euros para 2036.

Los investigadores advierten de que parte de esta inversión podría redirigirse a países como España, Italia, Grecia y los Emiratos Árabes Unidos, que siguen promoviendo programas de residencia e inversión destinados a atraer capital internacional y migrantes cualificados.

Disparidades regionales

Este estudio también pone de relieve las disparidades regionales, identificando a Lisboa, el Algarve y el área metropolitana de Oporto como las zonas de Portugal que probablemente sufrirán el mayor impacto económico debido a su mayor concentración de residentes extranjeros e inversión internacional.

Estas enmiendas propuestas forman parte de la reforma más amplia de la legislación en materia de inmigración y nacionalidad que está llevando a cabo el Gobierno portugués, pero siguen estando sujetas al proceso legislativo y a la aprobación parlamentaria antes de entrar en vigor.

El Gobierno ha defendido que las reformas tienen por objeto reforzar el vínculo entre los solicitantes y Portugal, mejorar la integración y garantizar una mayor sostenibilidad del sistema migratorio del país.