El caso se centra en un acuerdo entre empresas competidoras para no contratar a conductores, lo que contribuyó a mantener los salarios de muchos trabajadores en niveles artificialmente bajos. En otras palabras, el organismo regulador acusa a Biedronka de haber acordado con una empresa de transporte no contratar a los conductores de la otra parte, lo que ejerció una presión a la baja sobre los salarios.

Reuters informa de que la Comisión Europea ha examinado el caso y ha concluido que dicha conducta infringe las normas de competencia de la UE. Según se informa, el acuerdo en cuestión se inició en junio de 2017 y, por lo que se sabe, se prolongó hasta febrero de 2024, con la participación de 29 empresas de transporte. Así pues, las empresas acordaron no contratar a los conductores de las demás.

En un comunicado, el presidente de la UOKiK, Tomasz Chrostny, afirmó que el incidente constituye «una conspiración que priva a los trabajadores de este derecho y socava los principios básicos de la competencia leal». Añadió que «estas prácticas deben eliminarse de forma contundente del mercado».

La filial polaca de Jerónimo Martins también fue acusada de organizar un plan que tuvo éxito gracias a la influencia económica de la empresa en el país, donde es la mayor cadena de supermercados de Polonia.