En su intervención del lunes 7 de septiembre, durante una ceremonia de bienvenida a los 21 nuevos inspectores de la Autoridad de Seguridad Alimentaria y Económica (ASAE), Castro Almeida anunció que en breve se introducirían medidas para reducir el coste del gasóleo que utilizan los agricultores.

El ministro argumentó que esta medida es necesaria debido a que los agricultores tienen un margen limitado para reducir su consumo de combustible, ya que el gasóleo es esencial para el funcionamiento de tractores, maquinaria de cosecha y otros equipos agrícolas, lo que significa que el aumento de los precios puede repercutir rápidamente en los costes de producción.

Añadió que esos costes adicionales pueden acabar repercutiendo en los consumidores a través del aumento de los precios de los productos agrícolas, mientras que proteger el gasóleo agrícola aliviaría la presión tanto sobre los agricultores como sobre los presupuestos familiares.

Sector productivo

Por el momento, el Gobierno está centrando sus esfuerzos en el sector agrícola, en lugar de establecer medidas relacionadas con el combustible para otros colectivos.

Según Castro Almeida, la prioridad era limitar el impacto de los costes del gasóleo en la producción agrícola y evitar que esos aumentos se repercutieran en los consumidores.

Esta decisión se produce en un momento en que Portugal se enfrenta a una renovada presión por el aumento de los precios de los combustibles; las previsiones del Automóvel Club de Portugal (ACP) del pasado viernes, 4 de septiembre, estimaban que el gasóleo subiría alrededor de 0,15 € por litro durante la semana en curso, mientras que se esperaba que la gasolina aumentara aproximadamente 0,12 €.

António Leitão Amaro, ministro de la Presidencia, declaró que la reducción del impuesto sobre los hidrocarburos (ISP) se incrementaría en unos tres céntimos por litro tanto para la gasolina como para el gasóleo la semana pasada.

El primer ministro, Luís Montenegro, también ha señalado que el Estado ya ha destinado unos 700 millones de euros a la reducción del impuesto sobre los carburantes en 2026, indicando que podrían producirse nuevas intervenciones si persisten los precios elevados.